sábado, 29 de junio de 2019

domingo, 23 de junio de 2019

lunes, 3 de junio de 2019

La Reforma Energética de Peña Nieto y su impulso minero, la “Madre de Todos los Males” que hoy afectan al país

3 junio, 2019 0  Por J. JESÚS LEMUS
México, pese a los esfuerzos de redirección que hace la nueva administración
 federal, se encuentra sumido en un caos social; los índices de violencia, expansión
de las células criminales, arrebato de recursos a pueblos naturales y agresiones a
comunicadores y defensores del territorio, no son fortuitos. Todos tienen que ver con la expansión de proyectos de inversión, principalmente extractivos.
Estos proyectos macroeconómicos, donde están invertidos principalmente los
capitales de Estados Unidos y Canadá, se lograron fortalecer durante la pasada
administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuando entró en vigor la llamada Reforma Energética, misma que en su primer intentó se había tratado de implantar en el periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón.
Gracias a la Reforma Energética, según lo reconoce çla propia Secretaría de Economía, al día de hoy existen en todo el país un total de 3 mil 873 proyectos de inversión, de los que el

97 por ciento de ellos se fincan en la explotación de recursos naturales, entre ellos el suelo, el agua y los bosques. El otro 3 por ciento va por las playas y los cultivos agrícolas.
Solo en lo que hace a los proyectos extractivos, promovidos por empresas
 trasnacionales ante la Secretaría de Economía con fundamento en lo que
establece la Reforma Energética dictada por Peña Nieto, al día de hoy se reconocen
que de 2 mil 756 proyectos existentes, por lo menos el 86 por ciento de ellos
corresponde a minas, mientras que el restante 14 por ciento es para extracción
de gas o petróleo.
En ninguno de esos proyectos, hay que señalarlo, se considera la inversión sin antes tener la propiedad del suelo, sin importar que ese suelo sea propiedad desde hace siglos de las poblaciones que lo habitan, lo que ha generado que actualmente en el país existan 927 puntos de conflicto entre mineras y poblaciones por la tierra, y 906 conflictos por el agua.
Pero ¿cómo es que hemos llegado a este punto de disputa por el territorio,
en lo que hoy parece una nueva colonización? La respuesta está en cómo
 se pensó y como se armó la Reforma Energética, la que se sustenta en el espíritu
 de la entrega de la riqueza nacional a favor de los grandes capitales internacionales.

La Dolosa Entrega de Recursos

Esta reforma se comenzó a bosquejar desde la administración del
presidente Carlos Salinas de Gortari, como parte de la negociación
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC), a fin
de “dar certeza” -se dijo en el discurso oficial-, a las inversiones extranjeras
 en México, principalmente a las provenientes de Estados Unidos y Canadá.
Por eso, no resulta extraño que la citada reforma hoy tenga como principales beneficiarias a las empresas mineras de Estados Unidos y Canadá, las que son legítimas propietarias de casi el 87 por ciento de las concesiones mineras que ha entregado y ratificado el gobierno federal en los últimos dos años, las que comprenden casi una tercera parte del territorio nacional.
Esa entrega del suelo mexicano en manos de empresas extranjeras es la
que ha motivado el proceso de descomposición social, que se vive en todo el país,
en donde el narcotráfico es el menor de los problemas, si se dimensiona
 frente a los otros conflictos sociales que acarrea la operación de las
empresas mineras en todo el territorio nacional.

La Minería, Más Perversa que el Narco

A diferencia del narcotráfico, el que en teoría se encuentra organizado
por delincuentes impulsivos y analfabetas, cuyo propósito es la violencia en sí,
 el sector minero resulta más perverso y peligroso, al ser dirigido por sesudos
 “hombres de negocios”, con un poder ilimitado de corrupción, donde el signo es
el saqueo completo de los recursos del subsuelo, a costa de lo que sea.
Resulta más perversa la minería porque el poder de visión del narcotráfico alcanza apenas para buscar el control de las fuerzas policiales de su entorno, a veces con alcances de corrupción que llegan al control de los ejecutivos de los gobiernos estatales, pero el de los dueños de las minera va más allá: su poder económico les da para llegar a secretarios de estado del gobierno federal, incluidos con algún grado de singularidad, los ejecutivos del poder federal.
El caso más evidente de cómo las mineras han alcanzado a los ejecutivos
 federales es el del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el más firme impulsor
de la entrega de concesiones mineras para las empresas transnacionales,
principalmente de origen norteamericano y canadiense.
Calderón benefició a las transnacionales con más de 17 mil 670
concesiones para la explotación del subsuelo en todo el territorio nacional.

¿A Poco la Entrega de Recursos fue Gratuita?

Así, no es difícil imaginar el beneficio económico personal logrado por
los encargados de la entrega de concesiones mineras, que dista mucho de
beneficiar al pueblo que se prometió “servir y defender”, en donde el
sometimiento social es casi igual al que ejerce el narcotráfico en su afán
de privilegiar la generación de riqueza, a costa de lo que sea.
En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de concesiones entregadas a las mineras alcanzó los 8 mil 410 títulos, a favor, principalmente, de empresas de capital canadiense, las que no sólo se dedican a la explotación del subsuelo, sino que generan conflictos sociales entorno a las comunidades que se oponen a la operación de las minas en sus territorios.
Las concesiones de minas que ha entregado el gobierno federal en los últimos
dos años, sumadas a las que se entregaron en los periodos de gobierno de los
presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón, que ahora están protegidas
hasta por 90 años, de acuerdo a lo que señala la Reforma Energética,
han permitido que en nuestro país, a la fecha, se encuentren asentadas
un total de 267 empresas mineras trasnacionales, a las que les pertenece
la propiedad de todos los metales preciosos e industriales que puedan extraer
del subsuelo.
La ambición por el saqueo completo de los recursos del subsuelo nacional
es lo que ha hecho que las políticas públicas de explotación de los recursos
naturales en México sean cada vez más distante de las necesidades de la población,
pues de ser lo contrario no irían al alza los números de conflictos comunales
 entorno a las minas que operan en el país.

Tierra de Conflictos por el Suelo

Al cierre del 2017, el número de conflictos suscitados entorno a las minas
operantes en México, ya llegaba a mil 488, de los que el 72 por ciento de ellos
 obedecía a despojo del suelo, 11 por ciento eran por la disputa del agua,
7 por ciento fueron ocasionados por contaminación del medio ambiente,
 6 por ciento por presencia de grupos armados, 2 por ciento por pago de regalías,
1 por ciento por deforestación y el otro 1 por ciento a causa de conflictos laborales.
Por eso resulta una falacia lo que presumió con insistencia el gobierno federal de Peña Nieto, que México se apuntaba como uno de los mayores productores mundiales de metales preciosos e industriales, cuando en realidad la propiedad de esos recursos es única y exclusiva de las empresas mineras trasnacionales, a las que se les ha concedido la explotación ilimitada del subsuelo.
Lo que no resulta falso es la estela de muerte, devastación y violencia que
deja la minería en México, la que es responsable directa, con la omisa complicidad
del Estado Mexicano, de por lo menos 276 ejecuciones,
 126 desapariciones forzadas y más de 11 mil desplazamientos obligados
de personas que se opusieron a los proyectos mineros.
La herencia de violencia y agresión a los propietarios originales del suelo mexicano
que han dejado la mayoría de las empresas mineras asentadas en nuestro país,
 ha sido posible a partir de una siniestra alianza entre mineras y grupos del crimen
organizado, principalmente de los dedicados al narcotráfico,
 los que se han convertido en el brazo ejecutor de la política oscura de protección
a los intereses mineros.

El Narco, de la Mano

En la mayoría de los casos, principalmente en los estados del norte y centro del país, como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí,
Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Morelos, las mineras han
pactado alianzas con los carteles de Sinaloa, Juárez, Beltrán Leyva, La Línea,
Los Zetas y Del Golfo, para “neutralizar” a los opositores a sus proyectos económicos y mineros –principalmente grupos indígenas-, mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución.
En los estados del sur, este y occidente del país, como en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Colima, las mineras se han valido de la figura de las autodefensas, las que son financiadas para que resguarden no sólo los intereses de las transnacionales, sino también para que vigilen, en una especie de guardias blancas, las inmediaciones y propiedades de esas empresas, constituyendo verdaderos Estados dentro del propio Estado mexicano.
El ejemplo más claro de la complicidad entre grupos de civiles armados y mineras,
en donde se suma la omisión del Estado, es el que se registra en Guerrero,
en donde el gobierno federal decidió permitir la libre operación de los grupos
de autodefensas en la zona de Tepecoacuilco y Eduardo Neri, en el llamado
“Cinturón de Oro”, una zona de uso casi exclusivo de la minera canadiense
Gold Corp., la que financia la operatividad de los civiles armados.
Allí, en Guerrero, es donde se manifiesta el mejor de los ejemplos sobre la invasora presencia de las compañías mineras, las que sin empacho y viendo sólo por sus intereses económicos, encontraron que resulta más barato armar a la población y confrontarla entre sí, en vez de pagarles regalías o repartir la riqueza que se genera por la extracción del oro y la plata, que abundan en el subsuelo.
Esa es la misma fórmula aplicada por las mineras que operan en el estado de
 Michoacán, en dónde para evitar el pago de regalías a la población propietaria
natural de los recursos mineros, se ha optado por la integración de grupos de
civiles armados, los que bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado
y los carteles de las drogas reciben adiestramiento y armas para desalentar a la
población civil que reclama el pago de beneficios económicos.
La mayor parte de los grupos civiles armados por las mineras en esta entidad están integrados por miembros activos de los propios carteles de las drogas, de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, los que a su vez se convierten en prestadores de servicios de las propias empresas mineras internacionales.
En una revisión exacta sobre la forma en que operan todas las empresas mineras
asentadas en el país, no queda a salvo ninguna empresa transnacional:
todas las mineras tienen en mayor o menor medida una relación de negocios
con los grupos de los carteles de las drogas, los que han transitado, silenciosamente, del trasiego de drogas al nada despreciable -en términos económicos- negocio de la minería.

Jesús Lemus

viernes, 31 de mayo de 2019

lunes, 27 de mayo de 2019

viernes, 24 de mayo de 2019

🍃🌳 Unión Pro-Vivero denuncian que autoridades de Puebla y Cuautlancingo no dan respuesta contundente para frenar el ecocidio en el Vivero Zavaleta,

viernes, 27 de julio de 2018

Ecocidio en el Estado de México

Alfredo Del Mazo y Gob Edomex autorizan tala de 200 mil árboles en Jilotzingo para hacer una zona residencial y comercial. Es un ecocidio en reserva natura

martes, 13 de marzo de 2018

Surgen las redes regionales de resistencia ciudadana


Fuente: Víctor M. Toledo
La Jornada de Oriente 

Entre las novedades de los recientes días destacan varios acontecimientos que vienen a confirmar lo que ya prefigurábamos en la larga construcción del poder social o ciudadano en México: la aparición a lo largo y ancho del país de redes regionales de resistencia ciudadana (R3), que es la consecuencia directa de muchos años de esfuerzos y batallas colectivas. En efecto, sólo en el fin de semana ocurrieron tres eventos que lo confirman: la realización de la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, el Foro en Defensa del Agua en Guanajuato, cuya base organizativa es la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, y el bloqueo carretero convocado por el Frente Unido de los Pueblos de la Laguna en contra de la Chemours Company, que pretende construir una fábrica de cianuro (65 mil toneladas anuales) para alimentar a la industria minera y metalúrgica. En paralelo, la semana pasada hicimos un corte de la observación que realizamos desde 2011 sobre los conflictos socioambientales del país y arribamos a 560 casos de conflictividad (y resistencia), es decir, un aumento notable de los lugares donde ocurren fricciones entre proyectos (privados y/o estatales) y comunidades afectadas que se resisten. Se trata de batallas locales que, como veremos, están dando lugar a una forma superior de defensa y organización social: las redes regionales que agrupan ya en una escala mayor a decenas y a veces cientos de comunidades, cooperativas o núcleos organizados de escala local.

Alcanzo a visualizar casi una veintena de redes regionales que ilustran esta nueva fase de resistencias ecológico-políticas, que son, por supuesto, iniciativas en defensa de los territorios, la cultura y las autonomías locales, municipales y microrregionales. Además de las dos redes ya mencionadas en La Laguna y en Guanajuato, se debe citar a los Pueblos en Defensa del Territorio de la Huasteca y el Totonacapan, en la Sierra Madre Oriental, y al Frente Hidalguense de Comunidades, en esa porción de la República. En la capital del país, a la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, que agrupa a las comunidades rurales de Ciudad de México y a las poblaciones indígenas urbanas, representando a 18 pueblos originarios de la demarcación, en su mayoría agrícolas y forestales. Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos crearon el Movimiento para la Defensa del Agua, del Territorio y la Vida (Modatv), que buscará derogar la privatización del líquido en Puebla e impulsar una nueva ley de aguas estatales.

Además está la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, con 38 comunidades luchando por la autonomía y el agua. En Oaxaca destacan las históricas organizaciones en defensa de los territorios de la Sierra Norte y más recientemente la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), que agrupa a 16 comunidades de los Valles Centrales, que luchan por un acceso justo al vital recurso acuífero a partir de prácticas comunitarias. En la entidad están también las resistencias del Istmo de Tehuantepec contra los proyectos eólicos encabezados por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiidtt). En Chiapas por lo menos deben citarse, además de los caracoles zapatistas, las dos iniciativas de la iglesia progresista en su porción norte: la Misión Jesuita y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que agrupa a miles de indígenas de 11 municipios. Más recientemente, la batalla ganada por los pueblos zoques de 13 municipios que lograron detener la reforma energética y la explotación del petróleo en su territorio. En la península de Yucatán están las resistencias de las comunidades mayas productoras de miel contra la soya transgénica y, más recientemente, el frente contra los proyectos corporativos de energía solar y eólica. La máxima expresión de estas redes regionales de resistencia se alcanza en la Sierra Norte de Puebla con el frente de 232 comunidades nahuas y totonacas animadas por sólidas organizaciones como el Consejo Maseual Altepetapianij para la Defensa del Territorio y el Consejo Tiyat Tlali.

Todas estas iniciativas son legítimos movimientos sociales por la vida, con independencia de los partidos políticos y bajo esquemas de toma de decisiones colectivas, que ofrecen una lección al resto del país y del mundo. También anuncian formas inéditas u olvidadas de auténtica democracia desde abajo que hoy comienzan a tomar forma ahí donde las ciudadanías deciden participar en la modalidad independiente en la elección de presidencias municipales y de diputaciones locales. No debe omitirse que esta nueva fase de la resistencia civil es consecuencia de muchos años de luchas puntuales y de esfuerzos de apoyo y comunicación como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que llegó a celebrar 15 audiencias en diferentes partes del país entre julio de 2012 y octubre de 2014, a las que asistieron en conjunto unas 400 organizaciones del ambientalismo popular. De igual manera debe reconocerse la campaña nacional promovida por Serapaz en 2016 en defensa de la vida y los territorios. La gran pregunta es, sin embargo, cuándo (y cómo) este enorme vigor de la sociedad en movimiento logrará concretarse en una poderosa fuerza de escala nacional capaz de incidir no sólo en la anulación conjunta de tantos proyectos depredadores, sino en las políticas públicas y en la modificación y reformulación de tantas leyes gestadas para permitir esas depredaciones ambientales y sociales. Mientras, seguiremos lanzando desde nuestras trincheras miles de espejos para que la sociedad logre mirar(se) y reconocer el enorme poderío que adquiere en cuanto se organiza y transita la defensa de los bienes comunes.

lunes, 12 de marzo de 2018

REPRIMEN Y GOLPEAN A MIEMBROS DEL FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO


• El Frente Unido de Pueblos protesta contra el Proyecto Chemours Laguna La “Chemours Company” pretende fabricar 65,000 toneladas de cianuro en la Comarca Lagunera
• Granaderos golpean y detienen a miembros del Frente Unido

El día de hoy 9 de marzo, en el contexto de una protesta 
convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio en contra del Proyecto “Chemours Laguna” que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000
toneladas de Cianuro de Sodio al año, granderos estatales y municipales reprimieron, golpearon, balearon y detuvieron a miembros del Frente mientras ejercian su derecho a la protesta social pacífica constitucionalmente protegido.

Alrededor de las 5:00 hrs de la mañana más de 500 personas que respondieron al llamado del Frente Unido se presentaron en el Ejido de La Aurora para manifestar su preocupación y oposición al Proyecto “Chemours Laguna” así como su descontento hacia las autoridades municipales quienes, de
manera ilegal, han facilitado todos los permisos a la transnacional química para poder producir cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y cuya producción, en La Comarca Lagunera, podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.
Hacia las 10:00 hrs. aproximadamente, 200 granaderos estatales y del municipio de Gómez Palacio, Durango arribaron al Ejido de La Aurora y reprimieron la protesta del Frente Unido.

En ese contexto, fueron heridos don Saturnino Hernandez de 80 años, Horacio Ramirez, el joven Luis Mario Carrillo entre otros; así mismo, fue detenido el compañero Avelino Rodriguez y un profesor cuyo nombre se desconoce. Es importante señalar que durante la represión, los granaderos hicieron uso de armas de
fuego hiriendo a uno de los manifestantes.

Tenemos información de que en estos momentos, 14:30 hrs., diversas fuerzas de seguridad están buscando casa por casa a los miembros más visibles del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería responsabiliza de la represión así como de la seguridad de los compañeros heridos y detenidos a Jaime Lopez, titular de la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno municipal de Gómez Palacio así como a la presidenta municipal Leticia Herrera Ale y al gobernador del Estado José Rosas Aispuro.
La REMA y el Frente Unido exigen alto inmediato a la represión y la disposición absoluta de las autoridades municipales, estatales y federales vinculadas a la autorización ilegal del proyecto y a los hechos ocurridos el día de hoy para entablar un diálogo serio.
¡Alto a la represión de los defensores del territorio!
¡Fuera Chemours de Nuestro Territorio!
¡El Cianuro Mata!

Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio
Acción Colectiva Socioambiental
Familia Pasta de Conchos
Coordinadora Ciudadana de La Laguna
Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Sobenaría

viernes, 2 de marzo de 2018

Peña da luz verde al “fracking” para que transnacionales obtengan petróleo y gas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto dio hoy el banderazo de arranque al proceso de fracking para obtener gas y petróleo, un procedimiento que en Europa se ha cancelado debido a la contaminación del subsuelo. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hizo pública hoy la tercera convocatoria de la Ronda 3 en áreas terrestres llamadas “no convencionales”. La Ronda 3.3 incluye nueve bloques en la Cuenca de Burgos, ubicada al norte de Tamaulipas, donde “se estiman recursos prospectivos tres veces mayores al volumen que se determinó para las 46 áreas adjudicadas en licitaciones anteriores” En la presentación de la Ronda 3.3, el titular de Sener dijo que con ello “aprovecharemos la riqueza petrolera que yace en el subsuelo de nuestro país”.

miércoles, 28 de febrero de 2018

martes, 20 de febrero de 2018



El pueblo chatino, nos recuerda Benjamín Maldonado, ha forjado importantes intelectuales. Uno de ellos fue Tomás Cruz Lorenzo, precursor del pensamiento autonómico y organizador comunitario, fundador de la revista El Medio Milenio, donde publicó textos en los que relata la historia del despojo de las tierras de Yaitepec. Tenía 38 años y seis hijos cuando fue baleado el 26 de septiembre de 1989 en Juquila, mientras esperaba el camión para trasladarse a la ciudad de Oaxaca.

lunes, 19 de febrero de 2018

Diana Pérez del Consejo Tiyat Tlali, explica el acoso que la PGR realiza sobre cuatro miembros del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan por oposición a una estación que viola la normatividad en ese municipio de la Sierra Norte, con el fin de instalar minas e hidroeléctricas.