Cómo se maneja el oro en Guerrero

Ecocidio en el Estado de México

Alfredo Del Mazo y Gob Edomex autorizan tala de 200 mil árboles en Jilotzingo para hacer una zona residencial y comercial. Es un ecocidio en reserva natura

¿Ya conocen el Mapa interactivo de concesiones mineras en México? Una herramienta desarrollada por el equipo de @SubVersionesAAC · Agencia Autónoma de Comunicación.

Las policías estatales y municipales invadieron y destrozaron casas de un Pueblo para entregarlo a Carlos Slim

A FONDO SALAVERNA DH from MegaNoticias TVC on Vimeo.

Salverna el pueblo de Zacatecas que hundió Carlos Slim Helú

Empresarios de Holteles RIU, destruirán un área protegida que es una reserva natural de la Riviera Maya

NOTA INFORMATIVA | Señalan #AutoridadesAgrarias de la Costa - Montaña riesgo ante nuevas solicitudes de #ConcesionesMineras en Guerrero pic.twitter.com/YjiDJf5hVG

— Radio Ñomndaa (@palabradelagua) 23 de julio de 2018

Aún sigo viva

Minería en Naopa, Hidalgo: para el pueblo nada

Testimonio de despojo en Naopa, Hidalgo por MInera Autlán

Testimonio de despojo en Naopa, Hidalgo from Agencia SubVersiones on Vimeo.

uristas sin dinero no entran a estas playas porque no les alcanzará a pagar la visita

Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, contra la minera canadiense Almaden

Surgen las redes regionales de resistencia ciudadana

Fuente: Víctor M. Toledo

La Jornada de Oriente 

Entre las novedades de los recientes días destacan varios acontecimientos que vienen a confirmar lo que ya prefigurábamos en la larga construcción del poder social o ciudadano en México: la aparición a lo largo y ancho del país de redes regionales de resistencia ciudadana (R3), que es la consecuencia directa de muchos años de esfuerzos y batallas colectivas. En efecto, sólo en el fin de semana ocurrieron tres eventos que lo confirman: la realización de la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, el Foro en Defensa del Agua en Guanajuato, cuya base organizativa es la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, y el bloqueo carretero convocado por el Frente Unido de los Pueblos de la Laguna en contra de la Chemours Company, que pretende construir una fábrica de cianuro (65 mil toneladas anuales) para alimentar a la industria minera y metalúrgica. En paralelo, la semana pasada hicimos un corte de la observación que realizamos desde 2011 sobre los conflictos socioambientales del país y arribamos a 560 casos de conflictividad (y resistencia), es decir, un aumento notable de los lugares donde ocurren fricciones entre proyectos (privados y/o estatales) y comunidades afectadas que se resisten. Se trata de batallas locales que, como veremos, están dando lugar a una forma superior de defensa y organización social: las redes regionales que agrupan ya en una escala mayor a decenas y a veces cientos de comunidades, cooperativas o núcleos organizados de escala local.

Alcanzo a visualizar casi una veintena de redes regionales que ilustran esta nueva fase de resistencias ecológico-políticas, que son, por supuesto, iniciativas en defensa de los territorios, la cultura y las autonomías locales, municipales y microrregionales. Además de las dos redes ya mencionadas en La Laguna y en Guanajuato, se debe citar a los Pueblos en Defensa del Territorio de la Huasteca y el Totonacapan, en la Sierra Madre Oriental, y al Frente Hidalguense de Comunidades, en esa porción de la República. En la capital del país, a la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, que agrupa a las comunidades rurales de Ciudad de México y a las poblaciones indígenas urbanas, representando a 18 pueblos originarios de la demarcación, en su mayoría agrícolas y forestales. Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos crearon el Movimiento para la Defensa del Agua, del Territorio y la Vida (Modatv), que buscará derogar la privatización del líquido en Puebla e impulsar una nueva ley de aguas estatales.

Además está la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, con 38 comunidades luchando por la autonomía y el agua. En Oaxaca destacan las históricas organizaciones en defensa de los territorios de la Sierra Norte y más recientemente la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), que agrupa a 16 comunidades de los Valles Centrales, que luchan por un acceso justo al vital recurso acuífero a partir de prácticas comunitarias. En la entidad están también las resistencias del Istmo de Tehuantepec contra los proyectos eólicos encabezados por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiidtt). En Chiapas por lo menos deben citarse, además de los caracoles zapatistas, las dos iniciativas de la iglesia progresista en su porción norte: la Misión Jesuita y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que agrupa a miles de indígenas de 11 municipios. Más recientemente, la batalla ganada por los pueblos zoques de 13 municipios que lograron detener la reforma energética y la explotación del petróleo en su territorio. En la península de Yucatán están las resistencias de las comunidades mayas productoras de miel contra la soya transgénica y, más recientemente, el frente contra los proyectos corporativos de energía solar y eólica. La máxima expresión de estas redes regionales de resistencia se alcanza en la Sierra Norte de Puebla con el frente de 232 comunidades nahuas y totonacas animadas por sólidas organizaciones como el Consejo Maseual Altepetapianij para la Defensa del Territorio y el Consejo Tiyat Tlali.

Todas estas iniciativas son legítimos movimientos sociales por la vida, con independencia de los partidos políticos y bajo esquemas de toma de decisiones colectivas, que ofrecen una lección al resto del país y del mundo. También anuncian formas inéditas u olvidadas de auténtica democracia desde abajo que hoy comienzan a tomar forma ahí donde las ciudadanías deciden participar en la modalidad independiente en la elección de presidencias municipales y de diputaciones locales. No debe omitirse que esta nueva fase de la resistencia civil es consecuencia de muchos años de luchas puntuales y de esfuerzos de apoyo y comunicación como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que llegó a celebrar 15 audiencias en diferentes partes del país entre julio de 2012 y octubre de 2014, a las que asistieron en conjunto unas 400 organizaciones del ambientalismo popular. De igual manera debe reconocerse la campaña nacional promovida por Serapaz en 2016 en defensa de la vida y los territorios. La gran pregunta es, sin embargo, cuándo (y cómo) este enorme vigor de la sociedad en movimiento logrará concretarse en una poderosa fuerza de escala nacional capaz de incidir no sólo en la anulación conjunta de tantos proyectos depredadores, sino en las políticas públicas y en la modificación y reformulación de tantas leyes gestadas para permitir esas depredaciones ambientales y sociales. Mientras, seguiremos lanzando desde nuestras trincheras miles de espejos para que la sociedad logre mirar(se) y reconocer el enorme poderío que adquiere en cuanto se organiza y transita la defensa de los bienes comunes.

REPRIMEN Y GOLPEAN A MIEMBROS DEL FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

• El Frente Unido de Pueblos protesta contra el Proyecto Chemours Laguna La “Chemours Company” pretende fabricar 65,000 toneladas de cianuro en la Comarca Lagunera

• Granaderos golpean y detienen a miembros del Frente Unido

El día de hoy 9 de marzo, en el contexto de una protesta 

convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio en contra del Proyecto “Chemours Laguna” que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000

toneladas de Cianuro de Sodio al año, granderos estatales y municipales reprimieron, golpearon, balearon y detuvieron a miembros del Frente mientras ejercian su derecho a la protesta social pacífica constitucionalmente protegido.

Alrededor de las 5:00 hrs de la mañana más de 500 personas que respondieron al llamado del Frente Unido se presentaron en el Ejido de La Aurora para manifestar su preocupación y oposición al Proyecto “Chemours Laguna” así como su descontento hacia las autoridades municipales quienes, de

manera ilegal, han facilitado todos los permisos a la transnacional química para poder producir cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y cuya producción, en La Comarca Lagunera, podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

Hacia las 10:00 hrs. aproximadamente, 200 granaderos estatales y del municipio de Gómez Palacio, Durango arribaron al Ejido de La Aurora y reprimieron la protesta del Frente Unido.

En ese contexto, fueron heridos don Saturnino Hernandez de 80 años, Horacio Ramirez, el joven Luis Mario Carrillo entre otros; así mismo, fue detenido el compañero Avelino Rodriguez y un profesor cuyo nombre se desconoce. Es importante señalar que durante la represión, los granaderos hicieron uso de armas de

fuego hiriendo a uno de los manifestantes.

Tenemos información de que en estos momentos, 14:30 hrs., diversas fuerzas de seguridad están buscando casa por casa a los miembros más visibles del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería responsabiliza de la represión así como de la seguridad de los compañeros heridos y detenidos a Jaime Lopez, titular de la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno municipal de Gómez Palacio así como a la presidenta municipal Leticia Herrera Ale y al gobernador del Estado José Rosas Aispuro.

La REMA y el Frente Unido exigen alto inmediato a la represión y la disposición absoluta de las autoridades municipales, estatales y federales vinculadas a la autorización ilegal del proyecto y a los hechos ocurridos el día de hoy para entablar un diálogo serio.

¡Alto a la represión de los defensores del territorio!

¡Fuera Chemours de Nuestro Territorio!

¡El Cianuro Mata!

Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Consejo Tiyat Tlali Sierra Norte

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Acción Colectiva Socioambiental

Familia Pasta de Conchos

Coordinadora Ciudadana de La Laguna

Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Sobenaría

Peña da luz verde al “fracking” para que transnacionales obtengan petróleo y gas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto dio hoy el banderazo de arranque al proceso de fracking para obtener gas y petróleo, un procedimiento que en Europa se ha cancelado debido a la contaminación del subsuelo. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hizo pública hoy la tercera convocatoria de la Ronda 3 en áreas terrestres llamadas “no convencionales”. La Ronda 3.3 incluye nueve bloques en la Cuenca de Burgos, ubicada al norte de Tamaulipas, donde “se estiman recursos prospectivos tres veces mayores al volumen que se determinó para las 46 áreas adjudicadas en licitaciones anteriores” En la presentación de la Ronda 3.3, el titular de Sener dijo que con ello “aprovecharemos la riqueza petrolera que yace en el subsuelo de nuestro país”.

Mujeres de #Temacapulín, #Jalisco bloquean el paso a camiones de areneras por dañar el río verde 💦
Temaca es conocido en #México por su lucha contra la presa #ElZapotillo
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— Somos el Medio (@Somoselmedio) 28 de febrero de 2018

Defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales

El pueblo chatino, nos recuerda Benjamín Maldonado, ha forjado importantes intelectuales. Uno de ellos fue Tomás Cruz Lorenzo, precursor del pensamiento autonómico y organizador comunitario, fundador de la revista El Medio Milenio, donde publicó textos en los que relata la historia del despojo de las tierras de Yaitepec. Tenía 38 años y seis hijos cuando fue baleado el 26 de septiembre de 1989 en Juquila, mientras esperaba el camión para trasladarse a la ciudad de Oaxaca.

Diana Pérez del Consejo Tiyat Tlali, explica el acoso que la PGR realiza sobre cuatro miembros del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan por oposición a una estación que viola la normatividad en ese municipio de la Sierra Norte, con el fin de instalar minas e hidroeléctricas.

El Estado Mexicano y su política de despojo

Itzel Silva Monroy

Abogada defensora de derechos humanos en Fundar

Desde hace dos años hemos confirmado la existencia de una política de despojo por parte del Estado Mexicano en beneficio de las empresas. En abril de 2015, la comunidad nahua y Ejido de Tecoltemi, en Puebla, presentó —acompañada por Fundar y por el Consejo Tiyat Tlali— una demanda de amparo en contra de dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en 2003 y 2009 a la empresa Minera Gavilán, filial de la canadiense Almaden Minerals.

Las violaciones a derechos eran evidentes: las concesiones habían sido emitidas sin que la comunidad hubiera sido consultada y sin que los habitantes Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán hubieran dado su autorización. El juicio sigue su curso y aún no hay sentencia definitiva.

La proliferación de megaproyectos en nuestro país, como esta minería a cielo abierto, no ha sido espontánea, ha sido producto de un proceso iniciado hace 25 años, dirigido a despojar a los pueblos indígenas y a los núcleos agrarios de sus territorios y bienes naturales. La reforma al artículo 27 constitucional de enero de 1992 es clave para entenderlo, pues bajo el argumento de la falta de certeza jurídica en el campo, se abrió la puerta para que las tierras de los ejidos y comunidades agrarias salieran de la propiedad social para entrar al ámbito de la propiedad privada y, por tanto, a las reglas de compra y venta del mercado

Las violaciones a derechos eran evidentes: las concesiones habían sido emitidas sin que la comunidad hubiera sido consultada.

Para garantizar la implementación de la reforma se crearon las respectivas leyes secundarias. En febrero de ese mismo año se expidió la actual Ley Agraria, que estableció figuras como la "aportación" de tierras ejidales de uso común a empresas para la realización de "proyectos de desarrollo". Unos meses después, y en la misma lógica de desprotección de las tierras campesinas en beneficio de los inversionistas privados, se expidió la actual Ley Minera, que desde entonces consideró la actividad minera como preferente a cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra.

Entre otras cosas, esta ley dispone que las concesiones mineras dan derecho a su titular a obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre sobre los terrenos en los que deban realizarse las obras relacionadas con la actividad minera. Esto pone a los territorios indígenas y campesinos a merced de las empresas y del Estado que las avala. Cabe decir que en el juicio de Tecoltemi, también impugnamos la Ley Minera.

Durante los años siguientes de este proceso privatizador la propia Ley Minera sufrió modificaciones que profundizaban la situación de despojo, la Ley de Amparo incluso redujo el plazo para la interposición del juicio tratándose de los derechos de los ejidos y comunidades agrarias. En diciembre de 2013, como clímax de esa política de Estado, se realizó la reforma constitucional en materia energética, que permitió la entrada del sector privado para la explotación de recursos en áreas que estaban reservadas de manera exclusiva al Estado Mexicano.

No solo en la construcción del marco jurídico se refleja el privilegio hacia los dueños del capital.

En este marco fueron promulgadas la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, que establecen la preferencia de dichas industrias sobre cualquier otro aprovechamiento del terreno, y que también disponen la procedencia de servidumbres legales, ocupación o afectación superficial para la realización de actividades.

Pero no solo en la construcción del marco jurídico se refleja el privilegio hacia los dueños del capital. En el juicio de Tecoltemi se ha puesto en evidencia la postura del Estado Mexicano en defensa de los intereses de la empresa minera. Después de que una jueza otorgara la suspensión para que la minera no llevara a cabo actos que derivaran de las concesiones, tales como la exploración o la explotación, fue la Secretaría de Economía quien impugnó la medida y no la empresa. Entre sus argumentos de queja llama la atención el que refiere que dicha suspensión implicaría la paralización de actividades y que esto afecta los derechos de la empresa.

Queda claro de qué lado están los servidores públicos, a favor de quién han legislado, a favor de quién actúan. El caso de Tecoltemi es ilustrativo; por si la queja interpuesta por la Secretaría no bastara, el argumento termina de exhibir el tipo de gobierno que tiene este país: uno que vela, no por los derechos de los pueblos originarios y de los núcleos agrarios a, sino por los intereses de las empresas a quienes ha favorecido.

La autora es abogada defensora de derechos humanos en Fundar y representante legal de la comunidad Nahua de Tecoltemi en el Juicio de amparo a que se hace referencia en este texto.

DESPLAZAMIENTO TERRITORIAL FORZADO EN CHIAPAS

Es Injusto Más de 5300 personas desplazadas violentamente de Chalchihuitán y Chenalhó la mayoría en las montañas con temperaturas muy bajas, sin acceso a alimentación y medicamentos

¿Y el SIPINNA Chiapas y la Procuraduría de Protección Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes?

EUA presionó para que nuestra Constitución diera incertidumbre a la propiedad privada en 1917.

Abandonamos la comparecencia s/ Presa Zapotillo porque encontramos falta de respeto y simulación por parte del Ejecutivo

Abandonamos la comparecencia s/ Presa Zapotillo porque encontramos falta de respeto y simulación por parte del Ejecutivo #TemacaNoEstáSolo pic.twitter.com/aRdL98iHhI

— Equipo de Kuma (@EquipoDeKuma) 30 de agosto de 2017

GENOCIDIO Y ECOCIDIO PROVOCADO POR MINERA Y PERMITIDIO POR ESTADO MEXICANO

TERMOELÉCTRICA EN HUEXCA, MORELOS

En #Huexca, #Morelos, construyeron un par de termoeléctricas, a pesar de que los pobladores del lugar se opusieron a ellas, el proyecto se culminó. Primero les dijeron que era una planta tratadora, a algunos no les avisaron nada. Ahora, los terrenos de cultivo están ocupados por la planta de energía. La gente quiere progreso, pero no este tipo de progreso.

Resistencia contra la minería en Puebla; AGOSTO 2017

Mujeres contra la mina from Periodistas de a pie on Vimeo.

Compartimos: Cananea Sonora está difícil la situación, la impunidad, la corrupción descarada y desmedida de un grupo de políticos que en vez de ayudar al pueblo lo está saqueando. Contaminando mantos acuíferos y no nada más de la comunidad si no todo el río de sonora y desde Bours, Guillermo Padrés, y ahora Claudia Pavlovich. No hay respuesta alguna, al contrario se siguen llenando los bolsillos. El único que nos tiende la mano y con lo poco que puede hacer es Charly Navarrete, regidor del H Ayuntamiento de aquí de Cananea, partido #Morena.

Tulum: tierra de ambiciones. Reportaje de Lydia Cacho

Lucha por el agua en MEXICALI

Magda Gómez: El telón de fondo del despojo territorial de los pueblos

CONSTELLATION BRANDS opera bajo la ilegalidad y la corrupción en #Mexicali

sperando la salida de los compañeros detenidos durante la represión en la construcción de Constellation Brands, que les roba el agua

Todo por el oro. Minas y muerte en Guerrero

Carrizalillo, nos está afectando la MINA

Minera desentierra oro y pueblo mexicano, cadáveres